Atiende Toluca diligencia judicial y desmiente supuesto embargo
No
acredita debidamente la parte actora su personalidad jurídica
La Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Toluca,
desmintió la información en torno a un supuesto embargo a la sede del palacio
municipal y precisó que se trató de una diligencia atendida debidamente y que
no se llevó a cabo, por dos razones: la primera tiene que
ver con el hecho de que quienes representan a la parte demandante, lo hicieron
pero con una empresa distinta a la que aparece en el expediente; es decir,
había una equivocación en sus representados.
Esta equivocación se hizo valer por la instancia municipal al momento de la
diligencia, razón por la que no se llevó a cabo el requerimiento, toda vez que
no se acreditó debidamente la personalidad que ostentaban.
La segunda razón, explicó el titular del área
Jurídica, Alfredo Hurtado Cisneros, está vinculada a una petición del
Ayuntamiento de Toluca dentro del expediente, a fin de que se revise el actuar
de los representantes de la parte actora. Se ha promovido, dijo, un incidente
porque los representantes de la empresa indistintamente han cambiado de nombre
a la empresa.
Precisó que este hecho derivó ya en que el juez les
negara la personalidad con la que se ostentaban. Lo que habla de que ha habido
cierta mala fe y han tratado de perjudicar los intereses del Ayuntamiento y
sorprender a la autoridad judicial.
De igual forma, recordó que el juicio motivo de la
diligencia inició el pasado 1º. de enero de 2015, un año antes del arranque de
la presente administración, derivado de la contratación de una obra
pactada en una cantidad, cuyo monto se incrementó en conceptos, sin modificar
el contrato y sin darle suficiencia presupuestal.
En este punto, subrayó que se atiende el tema
en materia legal, con el propósito de integrar de forma adecuada el expediente
respectivo, en el entendido de que el pago de toda obra se encuentre
debidamente sustentado.
Dejó clara la disposición del Ayuntamiento de
Toluca para atender compromisos adquiridos, a través del diálogo, la
conciliación y el apego estricto al marco jurídico, que implica la defensa de
los intereses de la administración pública y de las y los toluqueños.
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