El Sistema Penal Acusatorio no es la causa de la liberación de delincuentes, coinciden senadores y SCJN
Necesario perfeccionar actual ley para
alcanzar mejores resultados en el respeto de los derechos humanos y combate a
la delincuencia.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos califica de “equivocado” pretender realizar contrarreformas.
El Sistema Penal Acusatorio no es responsable del aumento de la
inseguridad y la liberación de delincuentes, existen otras
causas como la falta de capacitación del personal de investigación,
coincidieron en señalar los presidentes de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales; de la Junta de Coordinación
Política, Fernando Herrera Ávila y del Instituto Belisario Domínguez,
Miguel Barbosa Huera, al inaugurar el Congreso Nacional La Justicia que
México Necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio.
El senador Herrera Ávila, reconoció que el Poder Legislativo tiene
la obligación de perfeccionar, unificar y homologar los instrumentos
legislativos para que en materia de justicia se alcancen mayores estadios de
convivencia y civilización.
“La aplicación del nuevo sistema muestra que se debe trabajar para
mejorar sensiblemente la prevención, investigación, y sanción del delito dentro
del marco de una justicia pronta, proporcional, transparente y respetuosa de
los derechos humanos”, subrayó.
Al rechazar las críticas y afirmaciones de que el Sistema Penal
Acusatorio contiene debilidades, el senador por el PAN se pronunció por la
creación de una nueva cultura que conciba la acción punitiva del Estado, y se
deje atrás al sistema inquisitivo.
En su mensaje, el ministro Luis María Aguilar Morales apuntó que el
Sistema Acusatorio no trata sobre prisiones o libertades, sino de
protección de derechos fundamentales; refirió que es necesario un
diagnóstico para identificar áreas de oportunidades en la consolidación de las
instituciones, que garanticen el reparo del daño a la víctima y se castigue
sólo al que se hallado culpable en el proceso, bajo el principio de la
presunción de inocencia.
“No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación
mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros cumplimos juzgando
frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución”,
enfatizó.
Explicó que el Sistema Penal Acusatorio se constituye como un tema
estratégico para el Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, por
lo que se han realizado las tareas pertinentes para su debida aplicación,
encontrándose en 39 centros de justicia penal federal en el país, incluso en
las Islas Marías, un total de 52 salas de audiencia, así como 220 jueces
especializados en esta materia.
En 41 por ciento de los centros, las audiencias se resuelven en un
promedio de una hora; y abundó que en la implementación, por lo que la
justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca en la
consolidación del nuevo sistema.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab, dijo que se ha constatado un
claro vínculo entre la puesta en marcha del nuevo sistema con la mejora
del Estado de Derecho, a través de la Encuesta de Personas Privadas de la
Libertad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que
se señala que sólo 13 por ciento de los detenidos son por orden de
aprehensión, de los cuales más de la mitad sufrieron agresiones y tortura.
Calificó de preocupante la atmósfera del populismo penal que lleva
a políticos a criticar públicamente al nuevo sistema y a los jueces por liberar
a delincuentes, cuando en la mayoría de los casos esto se debe al mal
funcionamiento de investigadores que registran deficiencias técnicas, además de
que no pueden contar siempre con la cooperación espontánea de los ciudadanos
por la falta de confianza.
Bajo estos hechos, consideró que sería un paso en la
dirección equivocada realizar contrarreformas, “no queremos que el nuevo
sistema penal regrese a lo que caracterizó al sistema anterior, y que se
adopten propuestas que permitirían la utilización de pruebas por escrito, en
tanto que la pretensión de ampliar la lista de delitos que suponen
prisión preventiva oficiosa, esto restringiría la decisión independiente del
Poder Judicial y se utilizaría simplemente como un instrumento de castigo.
Al inaugura el Congreso, el presidente del Instituto Belisario Domínguez
(IBD), Barbosa Huerta, calificó como un “exceso” el que se califique al Sistema
Penal Acusatorio como “la puerta giratoria” que permite la liberación de
delincuentes, cuando la prisión preventiva ha estado prevista desde tiempo
atrás en el sistema penal.
La prisión preventiva es cautelar, explicó, de manera obligada se
impone para el catálogo de delitos graves previstos en el artículo 19
constitucional y en el Código Penal, el juez tiene la capacidad de
decidir esta medida, en caso de que conceder la libertad ponga en riesgo al
detenido, a terceros o la sociedad.
Sostuvo que es mentira que se pueda otorgar una prisión preventiva
oficiosa, es mentira, al tiempo de considerar que en la liberación de
delincuentes, se registran casos de corrupción.
En este contexto, concluyó, sería un retroceso aumentar el catálogo de
delitos graves, cuando existen casos, como en la portación de armas de uso
exclusivo del Ejército a las que tiene acceso cualquier ciudadano, que
considera puede servirle de protección, pero en los hechos, no la va a
utilizar.
En el congreso se contó también con la participación de la Mara Gómez
Pérez, sub contralora del Senado de la República; Mónica González Contró,
abogada general de la UNAM; María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por
una Causa en Común; Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas; ministro Jorge Pardo Rebolledo, entre otros destacados
especialistas.
El Congreso Nacional la Justicia que México necesita: Mitos y realidades
del Nuevo Sistema Acusatorio, continuará hasta este viernes 11 de agosto
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