SANCIONES POR ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y MENORES DE EDAD

PROPONEN MAYORES SANCIONES POR ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y MENORES DE EDAD

La iniciativa fue presentada por la diputada Areli Hernández (PAN).

El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para favorecer la reinserción social y fortalecer la seguridad.

El diputado José Antonio López (PRD) propuso penalizar la acechanza, vigilancia o espionaje mediante el uso de medios electrónicos o en redes sociales

A fin de incrementar las sanciones penales por incumplimiento de obligaciones y abandono de menores de edad y adultos mayores, la diputada Areli Hernández Martínez (PAN) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 217 y 254 del Código Penal del Estado de México.

Actualmente, la sanción por abandono de un menor de edad o un adulto mayor es de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 300 días multa y la propuesta busca que se incrementen hasta en una mitad y que ambos delitos se persigan de oficio.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia en sesión del Sexto Periodo Ordinario que preside el diputado Vladimir Hernández Villegas.

FAVORECER REINSERCIÓN SOCIAL Y COMBATIR LA INSEGURIDAD

Con el propósito de mejorar la coordinación de instituciones policiales y crear mecanismos para una eficiente reinserción social del individuo, la diputada Nelyda Mociños Jiménez, propuso, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, reformas a la Constitución estatal, a la Ley de Seguridad y a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de México.

Propone crear la figura de supervisor de libertad condicionada; implementa mecanismos sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud integral, prevención social y deporte como medios de reinserción social para adolescentes, así como un registro de actividades familiares, educativas y laborales de cada liberado hasta por un periodo de cinco años posterior a su libertad.

Además, una mesa urgente de seguridad, integrada por el Consejo Estatal, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que pueda convocarse a petición de la Legislatura, cuando la crisis de seguridad ponga en riesgo a la sociedad mexiquense.

La iniciativa también establece una nueva integración del Sistema Estatal de Seguridad, en el que las instituciones policiales, tanto estatal como municipales, actúen con base en criterios de coordinación, así como en los casos de excepción en que las instituciones policiales municipales actuarán bajo el mando de la estatal, e incluso federales, con el fin de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de seguridad pública.

El artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, que será analizado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constituciones y de Procuración y Administración de Justicia, establece que el titular del Ejecutivo estatal diseñe la figura de mando mixto policial, a fin de consolidar policías fuertes y capacitadas que combatan eficazmente a la delincuencia.

CASTIGAR ESPIONAJE CON MEDIOS ELECTRÓNICOS O EN REDES SOCIALES

Con el propósito de actualizar los delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, así como ampliar la seguridad de los servidores públicos y particulares, el diputado José Antonio López Lozano (PRD) propuso sancionar penalmente la acechanza, vigilancia o espionaje en su contra mediante el uso de medios electrónicos o en redes sociales.

La iniciativa plantea reformar el artículo 166 Bis del Código Penal de la entidad para incluir esta conducta como delito y castigarla con una cuarta parte más de las sanciones vigentes (de seis a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa).

Para su dictamen fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.

MEJORAR PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Con el propósito de establecer un procedimiento transparente para nombrar, designar o ratificar a los titulares de los órganos internos de control de la entidad, la diputada María Fernanda Rivera Sánchez (PAN) presentó una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos.

El objetivo es incluir la naturaleza constitucional del Poder Legislativo y de su atribución de designación, así como las nuevas responsabilidades de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.

Para la designación del consejero presidente, de los consejeros electorales y de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos estatal, se propone expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Enviada para su estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, y de Procuración y Administración de Justicia, la propuesta define los criterios con que se evaluará a los aspirantes, así como el proceso para designar a los titulares de los órganos internos de control.

También estipula que el Poder Legislativo podrá investigar, sustanciar y resolver sobre las faltas administrativas no graves de los titulares de los órganos internos de control y será competente para investigar y sustanciar las faltas administrativas graves cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Para ello, la diputada María Fernanda Rivera propone reformar las leyes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el Código Electoral de la entidad, así como la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo.